• http://revistavariopinto.com/admin/publicidad/2014-05-07/publicidad/59_1.jpg
  • http://revistavariopinto.com/admin/publicidad/2014-01-16/publicidad/53_1.jpg
  • http://revistavariopinto.com/admin/publicidad/2014-01-16/publicidad/52_1.jpg
Jueves 28 de agosto de 2014 | 4:10 A.M.
 
GUERRERO CHAPA: ANDANZAS DE UN NARCOABOGADO
Share

--Era el abogado de Osiel Cárdenas, exjefe del cártel del Golfo.

--Su muerte pudo ser una venganza del narco.


El abogado Juan Guerrero Chapa, defensor de Osiel Cárdenas Guillén, exjefe del cártel del Golfo, fue asesinado la semana pasada en un suburbio de Dallas, Texas, al aproximarse a un estacionamiento. Cuando su cliente estuvo preso en el penal de La Palma, en el Estado de México entre 2003 y 2006, Guerrero Chapa se distinguió por ser, además de abogado, un hábil operador de Osiel Cárdenas en diversos negocios. No fue gratuito que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitara su aprehensión y lo acusara de tener vínculos con el narcotráfico. Después de su encarcelamiento recuperó su libertad. Sin embargo, el llamado "narcoabogado" siguió con sus andanzas. Aquí se reproduce una breve historia en la que Juan Guerrero Chapa fue perseguido por enemigos de Osiel, junto con otros litigantes del cártel del Golfo, quienes salvaron después de estar a punto de ser ejecutados.

La historia forma parte de un capítulo del libro "Los Narcoabogados", que el autor de este blog publicó en el año 2006 bajo el sello de la editorial Grijalbo

 

ABOGADOS SOSPECHOSOS

Los abogados Juan Jesús Guerrero, Agustín Rojas Vázquez y Francisco Flores Iruegas ingresaron a La Palma. Hablaron con García Mena para afinar la estrategia jurídica, y empezaron las gestiones para defender a las 17 personas detenidas, todas relacionadas con el cártel del Golfo. Sin embargo, una maniobra de la PGR terminaría en tragedia. En sus investigaciones, el Ministerio Público detectó que la estructura del cártel del Golfo era variada y compleja: operaba no sólo con un grupo armado, Los Zetas, sino que también contaba con una bien organizada red de abogados, cuya tarea no sólo se limitaba al trabajo legal, sino que realizaban además otras actividades de operación. Se trataba, según la PGR, de abogados que se extralimitaban en su trabajo profesional: no sólo servían de correos, sino que también pagaban la nómina de los miembros de la organización y, al mismo tiempo, giraban instrucciones para mantener a buen paso la marcha de la empresa criminal. Todo esto se realizaba al amparo de su profesión, cuyo título y cédula profesional les permitía ingresar a los penales, dialogar con los clientes y definir estrategias, pasando más o menos desapercibidos. Así se movían los hilos en el oscuro mundo de la abogacía criminal.

 

Con base en ésos y otros antecedentes, la PGR enfocó sus investigaciones hacia el equipo de abogados de Osiel Cárdenas quien por esas fechas aún gozaba de plena libertad y liderazgo. El principal sospechoso de realizar estas tareas era Juan Jesús Guerrero Chapa, el asesor legal del llamado Mata Amigos. Para la PGR, este personaje era, en realidad, un narcoabogado. Entraba y salía de La Palma cuantas veces quería o se le ordenaba. Era visto como un litigante que cumplía con su trabajo, pero el velo de la sospecha lo ensombrecía. Con mucha frecuencia el defensor rebasaba sus límites profesionales, esa delgada línea que dividía el trabajo con la complicidad.

 

Es así que la PGR empezó a integrar el expediente criminal contra Guerrero Chapa. Se preparaba otro golpe contra la sólida estructura del cártel del Golfo, y esta vez el blanco sería el equipo de abogados. Para ello, en la PGR se acomodaban las acusaciones por narcotráfico y delincuencia organizada contra Guerrero Chapa. Su expediente aumentaba de páginas todos los días con información cierta o falsa, la averiguación previa se robustecía con mayores datos y evidencias.

Para reforzar sus indagaciones y acelerar el trabajo —pues urgía consignar el expediente— la PGR pidió el apoyo de algunos elementos del Ejército. Diez de ellos se abocaron al caso: un coronel, un mayor, tres capitanes y cinco tenientes fueron comisionados a la PGR, por órdenes del general de brigada Jaime Antonio López Portillo Robles Gil, procurador de Justicia Militar.

Su labor consistiría en coordinarse con elementos de la AFI para localizar y presentar al abogado Juan Guerrero Chapa ante la PGR. El trabajo encomendado comenzó días previos al 26 de febrero de 2002. El litigante debía rendir su declaración ministerial como presunto miembro del cártel del Golfo. También se le acusaba de tráfico de cocaína. Con amplios contactos en la PGR, el abogado conocía algunos antecedentes de esta historia en la que estaba implicado. Ignoraba, en cambio, la celeridad con la que avanzaba la indagatoria PGR/UEDO/064/02 y el golpe que se urdía en el edificio de las calles de Reforma y Violeta, de la Ciudad de México.

El tiempo había transcurrido con rapidez; y ante el cúmulo de trabajo, los abogados no percibieron el paso de las horas. Era una tarde fría, propia del invierno, con su carga de humedad. Juan Guerrero Chapa, Agustín Rojas Vázquez y Francisco José Flores Iruegas continuaban en el interior de La Palma, hablando con sus clientes. Cada uno de los presos relataba su historia: cómo había sido detenido y qué grado de implicación tenía en los hechos que se le imputaban. Nadie aceptaba los cargos. Los litigantes no hacían anotaciones. No podían. Las estrictas reglas de la prisión prohibían introducir hasta un lápiz. La memoria era su único instrumento. Con base en los relatos, tramitarían los recursos legales procedentes y echarían abajo las acusaciones de la PGR.

—Son puras fabricaciones de la PGR. No hay elementos para que ustedes estén aquí. Todo es un invento más —comentaba Guerrero Chapa un tanto molesto.

—Esto lo destruimos. Ustedes van a salir —reforzaba el ánimo de sus clientes Rojas Vázquez.

Del otro lado del grueso cristal de los locutorios, uno de los detenidos suplicaba:

—Dependemos de ustedes, abogados. Confiamos en que vamos a salir…

—Saldrán libres. Para eso estamos aquí —comentaba Guerrero frotándose las manos para calentarse.

Entre Juan Guerrero y Rojas Vázquez surgía el acuerdo, firme la convicción:

—Procede el amparo. No hay otro camino. Las detenciones de ellos son injustas.

—¿Y si el juez del caso es de consigna? —preguntó Rojas.

—Es lo más probable, ya sabes como se las gasta la PGR...

Pero tenemos que agotar ese recurso —dijo, seguro, Guerrero, momentos antes de despedirse.

Después de varias horas de diálogo, la tarde cayó en el Estado de México. Un velo de penumbra anunciaba su llegada.

—Se hace tarde —dijo Guerrero Chapa calculando que habían transcurrido unas cinco horas.

—Ya nos vamos —secundó Iruegas, su amigo y auxiliar. Guerrero Chapa se empezó a inquietar con el paso del tiempo. Faltaban pocos minutos para las seis de la tarde y no quería que la noche los tomara en el trayecto al Distrito Federal. El mes de febrero aún concentraba los efectos del invierno: llovizna, ráfagas de viento frío y espesa neblina.

—Sí, sí... Ya vámonos... En eso quedamos... La semana próxima nos veremos por acá. Nosotros nos haremos cargo de todo. No pierdan la calma —decía Flores ¡ruegas a los clientes.

Al retirarse de la prisión, clientes y abogados alzaron las manos en señal de despedida. Entonces los litigantes se encamina-ron hacia la salida del penal, no sin antes pasar por múltiples filtros y revisiones de rutina. No fue todo: luego de cruzar los detectores metálicos, tuvieron que ser sometidos al famoso «cacheo». Las manos de un robusto custodio se deslizaron por los cuerpos de los tres abogados, pasando lentamente por los hombros y deteniéndose en la bragueta.

—¿Qué traes aquí? —preguntó el guardia a Juan Guerrero, último en ser revisado.

—¿Qué te imaginas?. Deja de joder y apúrate…

Aquellas gruesas manos recorrieron las piernas del abogado, palpando sus pantorrillas y sus tobillos.

—Pueden salir —dijo el guardia de rostro duro.

—Gracias —balbuceó uno de los tres.

 

PERSECUCIÓN Y MUERTE

 

Los abogados Guerrero Chapa, Flores Iruegas y Agustín Rojas Vázquez salieron del penal de La Palma y se perfilaron hacia el vehículo que habían dejado estacionado. En el trayecto, dialogaban sobre el pesado trabajo legal que les esperaba. García Mena, El June, era el personaje más importante del grupo de clientes. Pese al arduo trabajo y el cansancio, todo iba bien hasta ese momento. La PGR y el Ejército festinaban su detención; pero los abogados harían su tarea en los tribunales. La batalla legal sería dura.

Mientras, la violencia se recrudecía en Tamaulipas y la PGR y la Procuraduría General de Justicia Militar seguían los pasos de los litigantes, principalmente de Guerrero Chapa.

La tarde moría en Toluca, Estado de México. Pasaban de las 5:00 p.m. Afuera del penal, la gente empezaba a desaparecer. El intenso movimiento agonizaba con el transcurso de las horas. Todo empezaba a ser quietud en los alrededores del gigante de concreto que albergaba a los más peligrosos delincuentes de México. Los estacionamientos se fueron quedando vacíos y sólo algunos guardias apostados en lugares estratégicos se veían a lo lejos, con sus armas pegadas al cuerpo.

Antes de abordar su vehículo, los litigantes se percataron que a varios metros de distancia un puñado de hombres parecía que los observaba con minuciosa atención. Estaban vestidos de civil y andaban armados. A un lado ellos estaban tres camionetas sin logotipos oficiales.

—¿Ya vieron? —preguntó Guerrero Chapa, subiéndose al coche.

—Qué extraño. Seguro que ésos nos andan siguiendo. No los vean, bajen la cabeza... Hay que ignorarlos. Es mejor - —dijo Rojas Vázquez, mientras cerraba la puerta del vehículo.

Los militares estaban bajo el mando del coronel Manuel Virgilio Morales Herrera. Los soldados habían llegado a La Palma a las 5:40 de la tarde para cumplir la orden: detener al abogado Guerrero Chapa y presentarlo a declarar a la UEDO. Con ellos no iba ningún agente de la AFI —únicos facultados para realizar detenciones, como se había acordado inicialmente. Los soldados estaban listos para ejecutar el operativo. Ya habían investigado a Guerrero Chapa por su cuenta, sin dar parte a la PGR. Quizá le tenían intervenido el teléfono, pues sabían que ese día estaría mucho tiempo, con sus clientes, en la prisión.

Guerrero Chapa encendió el vehículo Stratus, con placas RRZ-4921 del estado de Nuevo León. A su lado iba Rojas Vázquez y en el asiento trasero se acomodó Flores Iruegas. Casi al mismo tiempo, los militares avanzaron a bordo de sus potentes camionetas hacia el carro del abogado. Y de inmediato les lanzaron una señal de alto:

—Deténganse... Traemos una notificación —alcanzó a gritar uno de los militares, pero sus palabras se esparcieron y no hubo respuesta. Juan Jesús Guerrero Chapa aceleró su vehículo salió a toda velocidad, ignorando los gritos y las seriales de aquellos sujetos vestidos de civil.

Entonces empezó la persecución. A menos de un kilómetro de distancia, en el kilómetro 18 de la carretera Toluca-Ixtlahuaca, cerca del paraje Barrio de Santa Juana, los militares dieron alcance al carro de los litigantes. Las camionetas de los soldados permanecían atrás del Stratus, sin rebasarlo, pero golpeando la parte trasera del coche para sacarlos de balance. La potencia de las camionetas y el intermitente juego de luces alteraron los nervios de los abogados, quienes se sintieron perdidos. En fracción de segundos imaginaron lo peor: serían ejecutados, masacrados a balazos.

En la estrecha carretera que conduce a la autopista Toluca-México, el coche de los abogados zigzagueaba, pero no se detenía. En ese momento empezaron los disparos: los militares abrieron fuego con sus pistolas .9 milímetros. Las balas perforaron la lámina del carro, despedazaron los cristales y reventaron las llantas traseras, por lo que el abogado perdió el control, el carro derrapó y detuvo su acelerada marcha en una montaña de cascajos, haciéndose pedazos.

Aún afuera de la carpeta asfáltica siguieron los tiros, a pesar de que dos disparos habían penetrado el cuerpo del abogado Francisco José Flores Iruegas. Uno perforó el lado izquierdo de su pecho y salió por el costado derecho; el otro penetró una parte de la columna vertebral. Era el más joven del equipo, el que menos compromisos tenía con narcotraficahtes. En esa ocasión, las circunstancias lo colocaron en un camino difícil: fue el más vulnerable.

Envalentonados, los militares descendieron de los vehículos con sus armas empuñadas y caminaron hacia el coche estrellado, que humeaba del impacto. Al acercarse detuvieron a Juan Guerrero Chapa y Agustín Rojas Vázquez, a quienes les vendaron los ojos y a empujones y golpes los subieron a las camionetas. Los soldados se percataron de que Flores Iruegas tenía varios tiros en el cuerpo, que sangraba del pecho, de la cabeza y que aún tenía signos de vida. Pero los soldados lo abandonaron a su suerte sin dar aviso a ninguna autoridad.

Mientras Juan Guerrero Chapa y Agustín Rojas Vázquez eran detenidos y atados, uno de los militares preguntó por el moribundo:

—¿Y qué hacemos con éste?

—Déjalo ahí. Que se lo lleve la chingada —respondido otro soldado desde su vehículo, mientras miraba el carro destruido y envuelto entre el matorral y las sombras de la noche.

A las pocas horas, según el dictamen forense, el abogado Flores Iruegas falleció. Su cuerpo quedó doblado en el asiento trasero. Los disparos habían entrado por el medallón del coche, el cual quedó echo trizas. Las pruebas toxicológicas resultaron negativas en alcohol y drogas.

Con los abogados detenidos, los militares salieron a toda velocidad hacia la Ciudad de México, donde presentaron a Guerrero Chapa y a Rojas Vázquez ante la UEDO. En ese momento Guerrero Chapa empezó a rendir su declaración por presunto tráfico de drogas. Su compañero fue dejado en libertad. Del muerto, los militares no informaron nada, prefirieron guardar silencio. Una presunta llamada anónima, recibida en la Procuraduría General del Estado de México, enteró a las autoridades del fallecimiento de Flores Iruegas.

En la Procuraduría mexiquense la llamada telefónica entró cerca de las diez de la noche:

—¿Bueno? —contestó el guardia.

—Llamo para darles una información.

—¿Quién habla? —preguntó el policía.

—Sólo escuche, por favor. Le informo que hay un muerto en la carretera, cerca del penal de Almoloya de Juárez. Está en un coche estrellado—dijo la voz anónima;

—¿Quién habla? —volvió a preguntar el policía con insistencia.

—Ahí les aviso nada más. Yo no quiero problemas —cortó la otra persona.

—¿Quién eres? ¿Quién habla...?

El informante había colgado.

De inmediato se movilizó el personal de la Procuraduría y del área de medicina forense. Acudieron al lugar del percance y confirmaron el dato registrado por teléfono.

—Este ya se peló. Está muerto —dijo uno de los paramédicos.

El camillero comentó:

—A éste lo ejecutaron. Seguro fue el narco. Está batido en sangre. Esto no tiene mucho tiempo, quizá unas cuatro o cinco horas. La sangre está fresca.

El cuerpo de Flores Iruegas fue llevado al Centro Médico Forense, donde se le practicó la autopsia de ley. Las investigaciones posteriores sacaron a flote los nombres de los militares que participaron en la balacera. Ellos son el coronel Manuel Virgilio Morales Herrera, el mayor Juan Manuel Ramírez Martínez; los capitanes Abel Benjamín Corona Cárdenas, Ornar Corona Cortés y Diego Guadalupe Ruiz Robles; los tenientes Mario Alberto Andrade Ramos, José Isidro Fuentes Hernández, Amoldo Sánchez Osuna, Martín Gutiérrez Olvera y Javier Barros Guasso. Según las investigaciones, se determinó que fueron seis las personas que accionaron sus armas. Los abogados iban desarmados.

Juan Guerrero Chapa fue consignado por la PGR y, tiempo después, recobró su libertad por falta de pruebas. El abogado interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo informe responsabilizó a los militares de homicidio y abuso de autoridad, pues no estaban facultados para realizar operativos y menos detenciones, pues no eran policías.

El abogado obtuvo su libertad bajo el argumento de que la PGR no probó que estuviera implicado en el tráfico de cocaína y que como se establece en el expediente, servía de enlace entre algunos presos de La Palma y el capo Osiel Cárdenas Guillén. Sin embargo, la PGR continúa sus investigaciones, pues sostiene que Guerrero Chapa utiliza su profesión para servir al cártel del Golfo, cuyo jefe —Osiel Cárdenas— ahora es uno de los internos del penal de La Palma.

Este es el oscuro mundo de los narcoabogados.

Perfil
PAPEL y TINTA
Ricardo Ravelo
Escritor y Periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico.
Archivo
  • Todas
  • Año 2014
    • Mayo (1)
    • Agosto (1)
  • Año 2013
    • Mayo (1)
    • Junio (1)
    • Julio (2)
    • Agosto (1)
    • Septiembre (1)
    • Octubre (1)
    • Noviembre (1)
    • Diciembre (2)
AVISO LEGAL | ACERCA DE NOSOTROS    
© Radefra Comunicación S.A. de C.V., 2014 Logo footer Radefra Comunicación S.A. de C.V.
Sagredo No. 170 C 2 Colonia San José Insurgentes,
Delegación Benito Juárez. México, D.F., C.P. 03900
Teléfonos: 55 56640358, 55 55934449, 55 55934559